NO SIN MI JUEVES

La decisión que tomó ayer el juez Del Olmo a instancias de la fiscalía puso de manifiesto varias cosas, una vez que pudieron verse sus consecuencias. Primero, el hecho de que España ha cambiado mucho en algunos aspectos, al menos a nivel social y cultural. Definitivamente, no estamos en la España de hace treinta años, y hoy por hoy un secuestro judicial de una publicación tan popular como El Jueves es una noticia de primera magnitud que llama poderosamente la atención a la mayoría de los ciudadanos. Hace treinta años esto mismo no hubiese sido noticia, entre otras cosas porque la medida era desgraciadamente frecuente: muchas publicaciones, desde El Papus a Star, pasando por algunos de los primeros números de El Jueves, fueron secuestradas por orden de la autoridad. Por el contrario, hoy resulta un fenómeno absolutamente extraño, que además recuerda a los que tengan cierta edad los viejos tiempos del franquismo.

Segundo, un secuestro judicial no es sólo una medida excepcional para la opinión pública, lo es también desde un punto de vista jurídico. Eso lo sabe el juez, y el fiscal que pidió el secuestro. ¿Medida desproporcionada? Como últimamente le gusta recordar al Tribunal Supremo en sus sentencias, el Derecho no es una ciencia exacta, y cuestiones como éstas, donde hay que juzgar los límites de un derecho fundamental, el de la libertad de expresión, y ponderarlo con otros derechos (el del honor y la imagen pública de las personas sobre quienes se opina o caricaturiza), están sometidas a valoraciones e interpretaciones del juez. Ningún derecho es ilimitado, así lo ha reiterado nuestro Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones, ni siquiera un derecho fundamental como el de la libertad de expresión. Sin embargo, también es cierto que este derecho, que se considera uno de los pilares básicos del ejercicio de la democracia, tiende a interpretarse extensivamente en un sentido amplio, especialmente cuando los afectados son personas de fama o relevancia pública o bien ocupan cargos públicos, porque en tales casos su esfera de privacidad se juzga más reducida y más sometida, por tanto, a las informaciones, críticas, caricaturas o sátiras por parte de quien ejerce la libertad de información o (como en este caso) de expresión. Así pues, la cuestión es muy discutible jurídicamente hablando, como han puesto de manifiesto las discrepancias entre diversos constitucionalistas a los que ha preguntado El País, y dependerá de la valoración que hagan los jueces -y en este caso, por la naturaleza humorística de la viñeta y del medio donde se ha publicado, habrá que ponderar el animus iocandi o intención de bromear, y no de injuriar- cuando el auto sea recurrido, como me imagino que lo será por parte del abogado de El Jueves, así como en el proceso penal subsiguiente en el que habrá de resolverse si hubo delito o no.

Personalmente, considero desproporcionada la medida judicial, y no sólo valorando este caso concreto por la portada en cuestión, sino también por el contexto social de permisividad en el ejercicio de la libertad de información y de expresión que existe en los últimos años en España. En un país donde locutores de radio o políticos importantes atribuyen conductas delictivas sin prueba alguna a personas y autoridades públicas que incluyen por cierto al propio Rey (auténticas calumnias que, para más inri, se divulgan en algunos casos como "noticia" y no como simple opinión o expresión, cuando la noticia está sujeta al deber de veracidad), o donde se dice lo que dice de personalidades famosas en los programas de la televisión rosa, y todo ello sin que se adopte medida alguna por las autoridades públicas, secuestrar una revista por una portada como la de El Jueves de esta semana se antoja absolutamente arbitrario, desproporcionado e injusto.

Tercero, y para mí lo más relevante de todo el asunto desde un punto de vista social. Como era previsible, porque yo creo que ayer esto lo adivinamos todos a partir de media tarde, la inmensa red de medios de comunicación que existe hoy día -inexistente hace sólo diez años- convierte una medida de este tipo en obsoleta por su ineficacia material. En cuanto se corrió la voz por los medios, todo el mundo salió a comprar su ejemplar de la revista antes de que llegara la policía (por supuesto, que ésa es otra, no hay policías suficientes para intervenir el material una vez llegado a los quioscos), incluyendo visto lo visto a personas que no suelen comprar El Jueves. El fenómeno convirtió la medida del juez, de facto, en ineficaz. Y eso por no hablar, para aquellos que se quedaran sin su ejemplar, de la posibilidad de ver la portada en infinidad de sitios de la Red, por donde la noticia se extendió con especial rapidez. El resultado de este fenómeno comunicativo, como se está viendo en casos recientes de intentos de censura, es que estas medidas sólo consiguen el efecto contrario al que persiguen: proporcionar una publicidad impagable, en el sentido más literal del término, que aumenta enormemente la repercusión pública del objeto que se quiere censurar.

Así las cosas, la medida judicial, aunque supuestamente persiguiera lo contrario, ha hecho visible a El Jueves entre un público mayor del habitual, y la ha vuelto a poner en primer plano de la actualidad nacional como publicación que tiene cosas que decir. Paradójicamente, todo lo que sucedió ayer parece un regalo caído del cielo que, espero sinceramente, sepan aprovechar. Porque en las próximas semanas muchos más ojos de los habituales van a estar pendientes en todo el país de lo que hace o dice El Jueves. Una publicación de cómic, sí, un tebeo.